martes, 4 de marzo de 2014

Comunicado a la Opinión Pública No. 03


Nos hemos encontrado diferentes líderes y organizaciones de los departamentos de Casanare,  Boyacá y Cundinamarca, dando continuidad al proceso que venimos adelantando a manera de alianza social y política desde hace algunos años. Somos herederos de un legado de luchas sociales y políticas dadas en décadas anteriores por la dignidad del pueblo en la región , frente a una política de  saqueo a sangre y fuego sobre nuestros territorios patrocinada por el Estado Colombiano y dirigida por las Compañías multinacionales. En 1991, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos—ANUC, con sus filiales en el departamento, los comités y líderes que le daban vida, advirtieron en un Foro Petrolero en Yopal acerca de los desastres sociales y ambientales que significaban estas políticas de saqueo y despojo para las comunidades. Hechos que tuvieron curso en los siguientes años, donde se vivió además de los desastres sobre la vida de las comunidades, el desplazamiento y desaparición del movimiento social.

El Estado Colombiano continua impulsando políticas de saqueo sobre nuestros territorios, ante lo cual,  como comunidades organizadas, hemos concluido en este encuentro:

  •  La política petrolera y minera desarrollada por el capital nacional e internacional y los proyectos  extractivos en nuestros departamentos, sólo ha dejado para las comunidades una deuda ambiental, social y política, no reconocida por sus principales responsables, pero evidente en la reducción y sequía de nuestros ríos y sistemas de agua, en la productividad de la tierra, en los derrumbes, en la descomposición social y política, en la delincuencia y la violencia que se vive día a día en nuestros municipios y en las aberrantes violaciones a la vida y los derechos

  •  La legislación del Estado Colombiano, así como sus instituciones y agencias (Corporaciones Regionales, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales—ANLA, Agencia Nacional de Hidrocarburos—ANH) son promotoras, y por lo visto hasta el momento están diseñadas para respaldar el despojo y saqueo sobre los campesinos, trabajadores y pobladores de esta región 


  • La legislación colombiana no reconoce la soberanía de las comunidades sobre los territorios, feriando los terrenos en la casi totalidad de los departamentos para la explotación de recursos por parte de estas compañías.En un proceso de fortalecimiento de las comunidades organizadas de Boyacá, Casanare y Cundinamarca y con la convicción de que hay que parar esta agresión,


Exigimos al Estado Colombiano:

1. Respeto de los ecosistemas estratégicos de la región, tales como: el páramo, la región de Pie de Monte Llanero y reservas hídricas de sabana.

2. Respeto de los territorios Indígenas y Campesinos y su auto determinación 

3. Nacionalización y racionalización de la explotación petrolera

4. Suspensión de la exploración Sísmica y concesiones al nuevo método explotación denominado Fracking; amenazas nefastas para la estabilidad bio-climática y social. 

5. No MÁS explotación de nuevos campos de Hidrocarburos en la región.

6. Valoración y reparación de los daños ambientales, causados por la dinámica extractiva de las multinacionales.

7. Se investigue y se castigue los crímenes cometidos por las Multinacionales, en nuestro territorio por ello exigimos al Estado verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición 

8. Respeto a las Movilizaciones Sociales y a los espacios naturales de organización comunitaria. Apoyamos en este sentido el desmonte del ESMAD pues ha sido el que en los últimos 12 años viene ejerciendo represión y muerte en el campo y la ciudad. 

9. Se reversen los Tratados de Libre Comercio firmados para la importación de alimentos e insumos agrícolas y pecuarios, pues atentan contra nuestra soberanía alimentaria y territorial. Igualmente, como Movimiento social y popular en constante construcción y trabajo, nos comprometemos con el pueblo de Boyacá, Casanare y Cundinamarca a:

1. Aportar en la construcción de un Pliego Social unificado, que reúna todas nuestras preocupaciones y exigencias. 

2. Impulsar y promover la Ley Orgánica de Hidrocarburos. 

3. Llamar a nuestras comunidades a la movilización social en contra de la continuidad de la locomotora Minero Energética

4. Avanzar en la recuperación de la cultura agrícola y pecuaria como mecanismo de defensa y soberanía en nuestros territorios. 

5. Continuar con la construcción y consolidación de espacios de diálogo, unidad y fortalecimiento de las organizaciones sociales de Boyacá, Casanare y Cundinamarca.

Firmamos con la dignidad, fortaleza y unidad que caracteriza al pueblo Colombiano, y saludamos fraternalmente a la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular. 

COSPACC- Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria, 

ASONALCA- Asociación Nacional de Campesinos José Antonio Galán Zorro - Seccional Boyacá- Casanare, 

ANJECO- Asociación Nacional de Jóvenes y Estudiantes - Seccional Boyacá- Casanare, 

Corporación QUINUA, 

USO-Unión Sindical Obrera –Seccional Arauca, 

USO – Seccional Tauramena, 

CCNPB- Corporación Claretiana Normán Pérez Bello, 

ASOCAMPROV LIBERTAD- Asociación de Campesinos de la Provincia de la Libertad, ASOVEC- 

Asociación de Veredas de Cunama, 

Vereda el Paraíso – Municipio de Aguazul, 

DEMOS Orinoquia, 

ORIC - Organización Regional Indígena de Casanare, 

Comité Cívico por los Derechos Humanos del Meta

Coordinador Naciola Agrario CNA.

Congreso de los pueblos.

Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente de Colombia.

martes, 11 de febrero de 2014

Boyacá. Gran Minería de Carbón, ¿Muerte a Cielo Abierto?

La reprimarización Económica.

Con la política del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno Santos y su “joya de la corona” la locomotora minero energética, la gran mayoría de los territorios de nuestro país se encuentran concesionados, ya sea para proyectos mineros, petroleros, energéticos, agroindustriales o turísticos.

Esta política extractivista y saqueadora, está llevando a una reprimarización económica –que se refiere a la importancia en la economía que retoman los procesos de explotación de materias primas tales como el petróleo y los minerales, además de la producción de otros bienes poco elaborados, como el aceite de palma- reprimarización que trae consigo despojo de tierras pobreza, daños ambientales irreparables y pérdida de soberanía nacional.

Entre los principales objetivos de la explotación minera está el carbón, mineral que desde tiempos inmemorables ha sido aprovechado por las comunidades de nuestro país, sin embargo desde el año de 1975 con la invitación del gobierno nacional empieza la explotación a gran escala en la mina de “El cerrejón” en la Guajira; para 1995 la Drummond y la Glencore (condenadas por vínculos con los paramilitares) explotan las minas situadas en el sur del Cesar en los municipios de La Jagua de Ibirico, Chiriguaná y El Paso, convirtiéndose en la segunda mayor mina de Carbón en Colombia[1].

Para el centro oriente en la actualidad, la arremetida de los monopolios económicos se centra en la explotación de los yacimientos petroleros; las minas de carbón carbón térmico y coquizable; las arenas bituminosas; la ampliación de la concentración de tierras para la agroindustria, los monocultivos y la extracción de oro.

En rondón.

Rondón en Boyacá es un pequeño municipio de cerca de 3000 habitantes, su cabecera municipal se encuentra a 2075 m.s.n.m. cuenta con 12 veredas y forma parte de la provincia de Lengupá.

Rondón Limita con los municipios de Zetaquirá, Ramiriquí, Viracachá, Siachoque, Ciénega y Pesca; su economía principalmente agrícola se fundamenta en el cultivo de: Plátano, Café, Caña de azúcar, Yuca, Arracacha, Fríjol, Arveja, Aguacate, Guayaba, Chirimoya, Guanábana, Papa, Haba, maíz, Ibias, Fríjol, Rubas, dada la  variedad de climas.

En las veredas Nueva Granada y Sucre de este municipio boyacense la empresa Carbones de los Andes S.A. –Carboandes- planea poner en funcionamiento una mina a cielo abierto para explotar carbón mineral que por su extensión sería la segunda más grande del país.

En el año 2008 la Empresa empieza la exploración de este yacimiento carbonífero que hace parte de la llamada Formación Guaduas ubicado en la región oriental del departamento de Boyacá, por medio del proyectoPalmarito”, proyecto que se ubica sobre la cota de los 3.000 m.s.n.m. y en palabras de la empresa: “En una primera fase se planea llegar gradualmente a una producción de 335.000 toneladas anuales”[2] de carbón térmico de alto poder calórico.

En la fase inicial de la exploración que empezó en el año 2012, la empresa obtuvo permisos de aprovechamiento forestal por un total de 7.646,22 de m3 de helechos arbóreos[3], planta propia de los bosques alto-andinos, en la operación se prevé que haya un inmenso socavón a cielo abierto con monstruosas volquetas del tamaño de edificios sacando el mineral y continuas explosiones arrancando la riqueza del subsuelo.

Por esta pretendida explotación carbonífera se contaminará la cuenca alta del río Muche, afluente del río Lengupá, que nace en el páramo de Siachoque, afectando la calidad y cantidad del agua disponible para los municipios de Berbeo, Zetaquirá, Miraflores, San Eduardo, y San Luis de Gaceno, así como municipios de Casanare y Meta.

Los impactos.

La explotación de carbón a cielo abierto constituye una amenaza para los cuerpos de agua, la fauna, flora y asentamientos humanos en su cercanía o en lugares apartados; los yacimientos carboníferos poseen gran cantidad de azufre, elemento químico que al entrar en contacto con el Agua produce ácido sulfúrico, compuesto altamente corrosivo y peligroso lo que pondría en riesgo por lo menos a 800 personas que residen en la vereda Gacal de Zetaquirá quienes dependen del agua de quebradas que nacen en el sector Picaderas de Rondón.

Existen registros de Lumbalgia, silicosis, trastornos del sueño, estrés laboral, hernias discales, hipoacusia, cáncer de piel, dermatomicosis,[4] enfermedades oculares y respiratorias recurrentes entre quienes laboran en las empresas carboníferas del norte de Colombia.

Por la ubicación de esta zona, la operación de esta empresa en Boyacá, arrasaría con bosque de niebla o alto andino (hogar de osos de anteojos, venados, 7 cueros, y otras especies nativas), nacimientos de aguas y desviaría cursos de quebradas, generando pérdidas irreparables para los ecosistemas. También por la actividad de extracción explosiva y mecánica generaría y aumentaría las grandes remociones en masa (deslizamientos) que se han presentado en esta zona del departamento.

La empresa.

Carboandes es una empresa que funciona bajo la figura de Sociedad Anónima con capital de la transnacional Mitsui y de otros inversionistas locales y extranjeros, posee inversiones en el norte del país (la Jagua de Ibirico), Socha Boyacá, el ferrocarril de Fenoco, el occidente de Santander (región del Chucurí y Landázuri) y el puerto de Santa Marta.

En estas regiones se ha asociado con multinacionales del carácter de Drummond, Glencore, Prodeco y BHP Billiton y la empresa carbosan, Todas ellas responsables de daños ambientales, desplazamientos y financiación del paramilitarismo, en Cerromatoso Córdoba, El sur del Cesar, La Guajira entre otros.

Finalmente, la entrada de estas transnacionales a lugares tan frágiles y necesarios para la vida como las zonas de recarga hídrica y los páramos, constituye un crimen contra quienes habitamos el territorio. Además, este tipo de explotación históricamente ha estado pensada para el beneficio de los privados.

La opción más consecuente que han tomado las comunidades boyacenses en otros proyectos mineros ha sido el accionar directo contra los trabajos de las empresas con represamiento de maquinarias y taponamiento de vías (Socotá y Tasco), acciones necesarias para la defensa de los territorios y la construcción de la vida digna.



Publicado en El Periódico Trochando Sin Fronteras Edición N16
http://centroriente.org/trochando-sin-fronteras

Pronunciamiento minero energético región centro oriente

Centro Oriente de Colombia, 15 de enero de 2014.
PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO
Nuestro fraterno saludo al pueblo colombiano, esperando que este nuevo año esté lleno de victorias y avances en nuestra construcción de sociedad más justa. Sabemos sin embargo, que en este camino encontraremos muchas dificultades, pero estamos totalmente convencidos que frente a la unidad y lucha del pueblo, no existe fuerza que pueda detenerle.
El Estado colombiano en cabeza del gobierno de Juan Manuel Santos, han acelerado la denominada locomotora minero energética. Con exenciones de impuestos y subsidios a las grandes empresas nacionales y extranjeras para entregarles los recursos estratégicos de la nación acentuando el despojo. Con los recursos del Estado, que en última instancia son la materialización del sudor y trabajo del pueblo colombiano, se termina pagando la explotación de nuestros propios recursos, quedando como resultado, devastación, pobreza, represión y contaminación en nuestros territorios.
Hoy no cesa el saqueo de más de 30 años. La explotación de Caño Limón en Arauca, el agotamiento del Campo Cusiana en Casanare, y la actual voracidad en el Meta sobre Campo Rubiales, son el ejemplo de la miseria y pobreza que se alza sobre estas regiones, luego de las promesas de los distintos Gobiernos que vociferan desarrollo, empleo y bienestar. Estas mismas regiones que han generado tanta riqueza para las petroleras hoy tienen un sector agropecuario estancado, las fuentes hídricas envenenadas, pueblos ancestrales al borde del exterminio y esquemas laborales precarizados y tercerizados.
En el departamento de Arauca se vienen desarrollando 23 contratos de exploración y 6 de producción petrolera (cerca de 500 pozos). En Casanare son 83 contratos de exploración y 50 de producción. Por su parte, el departamento del Meta es actualmente el mayor productor de crudo del país, con un promedio de 500 mil barriles diarios –provenientes de los 65 pozos en explotación-, los cuales representan cerca del 50% de la producción nacional.
Por otra parte, ya se han hecho públicas las intenciones de explotar hidrocarburos no convencionales en Macaravita y otros municipios de la provincia de García Rovira en el departamento de Santander por parte de Pacific Rubiales.
En el municipio de Toledo (Norte de Santander) se está construyendo la infraestructura para explotar el pozo Magallanes, a la orilla del rio Cubujón, mientras en la isla del Charo (Arauca), se proyecta implementar el pozo Berilo, que afectará la principal despensa agrícola de ese departamento.
En el departamento de Vichada, además de la problemática generada por la acumulación de tierras para proyectos madereros y de producción de agrocombustibles, ya se han entregado varios millones de hectáreas a petroleras como BHP Billiton y Exxon Mobil, entre otras. Dichas empresas iniciaron actividades de exploración desde el 2010, las cuales se han desarrollado dentro de los territorios indígenas, ya que el Vichada es habitado mayoritariamente por pueblos ancestrales.
Pero estas problemáticas no sólo se dan en zonas periféricas del país, a escasos kilómetros de Bogotá y en pleno corazón del sistema Chingaza, se realizan exploraciones de hidrocarburos no convencionales, afectando el ecosistema que soporta la oferta hídrica de más de 9 millones de personas. En Boyacá también se realizan actividades de exploración de hidrocarburos en ecosistemas frágiles y estratégicos como el lago de Tota y el páramo de Pisba.
Ante este panorama el pueblo se ha levantado y al decidir no tolerar más las injusticias sociales, se ha estrellado con el muro de la represión. Tal es el caso de Álvaro Salón Archila, indígena U’wa asesinado luego de oponerse a la explotación petrolera en Casanare; Héctor Sánchez, Campo Elías Ortiz y Dilio Naranjo, líderes del departamento del Meta que al protestar contra Pacific Rubiales, hoy se encuentran presos; también Ernesto Roa y Pedro Carrillo, quienes al alzar su voz de protesta contra la Occidental de Colombia en Arauca, recibieron como castigo el encierro por parte del Estado.
Otras experiencias de resistencia también han dado frutos en favor del pueblo. Tales son los casos de las luchas que vienen dando las comunidades de Tauramena (Casanare) quienes mediante el mecanismo de consulta popular rechazaron tajantemente el proyecto de sísmica denominado odisea 3D. En el departamento del Meta las comunidades indígenas y campesinas en medio de la represión adelantaron la Audiencia de juzgamiento contra las petroleras Pacific Rubiales y Oxy. En la laguna de Ortices, (Mpio. San Andrés, provincia García Rovira) la comunidad se organizó y movilizó en oposición a la explotación del proyecto Sísmico Línea Transandina 4B 2D/ 09 para la búsqueda de hidrocarburos y otros minerales. En Arauca el pueblo históricamente ha mantenido una movilización en defensa del territorio y contra el saqueo del petróleo; en enero y febrero de 2013 se llevó a cabo una jornada de movilización con bloqueos a las principales infraestructuras (Caño Limón, Cari Care, Banadías y oleoducto Bicentenario) y en octubre pasado se celebró el Cabildo Abierto por la Defensa de la Laguna del Lipa. Estos son ejemplos de defensa de la soberanía nacional, ejercidos por el pueblo.
El pueblo del centro oriente de Colombia y de toda la nación es más grande que el miedo que el Estado ha tratado de imponer. Como pueblo debemos entender que el 2014 debe ser un año de permanente alerta y movilización, por una nueva política minero energética, la reducción del 50% al precio final de los combustibles, reversión de los TLC firmados por Colombia, el respeto a la autonomía de los pueblos ancestrales y el saneamiento y ampliación de sus resguardos y territorios colectivos, por garantías para el ejercicio del sindicalismo y la protesta social. Éstas serán algunas banderas que nutrirán las luchas sociales y populares de las que el país será testigo este año.

¡¡¡ POR UNA COLOMBIA LIBRE Y SOBERANA… 
UNIDAD Y LUCHA!!!
MOVIMIENTO POLÍTICO DE MASAS SOCIAL Y POPULAR DEL CENTRO ORIENTE DE COLOMBIA

miércoles, 8 de enero de 2014

Comunidad de Tauramena Casanare dicen no a la exploración y explotación petrolera en zonas campesinas.

En un hecho sin precedentes en los últimos 20 años, lugareños del municipio de Tauramena departamento de Casanare votaron en contra una consulta popular sobre la exploración sísmica, perforación exploratoria, producción y transporte de hidrocarburos en zonas campesinas de este municipio, consulta realizada el pasado domingo 15 de diciembre del  presente año.

En la consulta los votantes debían responder con “sí” o “no” a la pregunta: “Está usted de acuerdo con que se ejecuten actividades de exploración sísmica, perforación exploratoria, producción y transporte de hidrocarburos, en las veredas San José, Monserrate Alto, Monserrate La Vega, Guafal del Caja, Bendiciones, Visinaca, Lagunitas, Aguamaco, Zambo, Oso y Jaguito, donde se ubica la zona de recarga hídrica del municipio de Tauramena?” cuya respuesta obtenida fue de 4.426 votos por el "No" contra 151 votos por el si, superando de esta forma el umbral exigido por la registraduría nacional del Estado Civil.

Aunque Ecopetrol anunció públicamente que el contrato del proyecto Odisea 3D fue suspendido días antes de la consulta popular, esta medida es considerada por la comunidad como una distracción para no salir a votar, dejando claro que las intensiones de parte del gobierno y las empresas mantiene una ves mas el intento de manipulación sobre las decisiones propias.

 De esta forma las comunidades reafirman de Casanare, reafirman su voluntad de lucha en defensa del agua, el territorio, el alimento, páramos, reservas naturales, forestales, y especies en vía de extinción como bienes inalienables de las comunidades.

Una vez mas como movimiento social de Casanare rechazamos y exigimos al gobierno nacional:

• la suspensión de los contratos y proyectos de exploración sísmica en el departamento. 

Mantenemos la exigencia de no exploración explotación de nuevos campos petroleros en el departamento sustentado en que con la actual producción abastece las necesidades propias del país.

• Una vez mas exigimos el respeto a la vida, honrra y libertad de quienes ejercen el legítimo derecho a defender sus territorios. en este sentido solicitamos una vez mas al gobiernos de expida un decreto de respeto a los dirigentes campesinos y populares que se movilizan en defensa de la vida y el territorio. 

Resaltamos la victoria parcial de las comunidades de Tauramena aclarando que esta se hace necesario llevarla a otras comunidades del departamento e instamos a la comunidades y movimiento sociales del departamento y a la comunidad nacional e internacional a que nos organicemos en pro de una política petrolera justa, soberana y respetuosa del medio ambiente como mecanismo de defensa y permanencia en nuestros territorios.

Firman,

Comunidades y Organizaciones Sociales de Casanare

Trinidad; Nunchía, Morcote; Yopal, El Morro, La Niata, Guayaquito; Aguazul, Plan Brisas, 

Paraíso

Lirios y Monterralo y San Luis de Palenque.

Corporación Social Para la Asesoría y Capacitación Comunitaria - COSPACC

Asociación Nacional de Jóvenes y Estudiantes de Colombia- ANJECO- Seccional Boyacá Casanare

Asociación Casanareña de Jóvenes y Estudiantes - AJOCARE

Movimiento Juvenil y Popular QUINUA

Colectivos Praxis Insumisa

Asociación Nacional Campesina "José Antonio Galán Zorro"- ASONALCA Seccional Boyacá Casanare

Observatorio de Derechos Humanos y Violencia Política de Boyacá y Casanare

Corporación Claretiana Norman Pérez Bello “Al servicio de la vida”

Organización Regional Indígena de Casanare ORIC

anexo algunos enlaces

http://www.lavozdeyopal.co/casanare-mobile/3297-taurameneros-no-a-la-
s%C3%ADsmica.html 

http://www.prensalibrecasanare.com/principal/9746-tauramena-dijo-no-a-la-exploraciun-
snsmica-perforaciun-exploratoria-producciun-y-transporte-de-hidrocarburos.html 

http://www.registraduria.gov.co/En-consulta-popular-celebrada-hoy,12424.html

miércoles, 4 de diciembre de 2013

Comunidades de Casanare frente a la industria petrolera

Yopal - Casanare, 30 de Noviembre de 2013


Desde el año 2011 algunas comunidades campesinas, indígenas, urbanas y organizaciones sociales,  nos hemos venido encontrando alrededor del tema de la defensa y cuidado de los territorios en el departamento. En estos espacios, hemos visto con preocupación los más de 70 contratos de exploración y explotación petrolera que sobre el departamento sigue negociando la Agencia Nacional de Hidrocarburos, cada uno con un promedio de 60.000 hectáreas asignadas. Equión, Ecopetrol y Petrobras en la zona del Piedemonte, y Pacific Rubiales hacia el oriente del departamento proyectan seguir lucrándose del negocio del petróleo con la progresiva compra de estos contratos de concesión. 

Ante esto, el gobierno nacional y sus instituciones ni siquiera se han tomado la molestia de respetar los procesos de consulta y discusión propios de las comunidades, sino que han venido imponiendo a la fuerza en la mayoría de los municipios el avance de estos proyectos. 

En respuesta a estas políticas minero-energéticas promovidas por el Gobierno, las comunidades venimos organizándonos y movilizándonos. Así, en Trinidad se levantó la comunidad en contra del oleoducto bicentenario y la exploración sísmica; en las veredas de Nunchía en el 2011 se movilizo la población cuestionando las condiciones laborales que ofrecían las compañías; en Tauramena, se viene promoviendo la exigencia de realizar una consulta popular a la exploración sísmica; en las comunidades de Chámeza, Recetor y Aguazul se están pronunciando directamente en contra de la exploración sísmica; en El Morro cada año se levantan las protestas por el mismo tema y en Yopal seguimos protestando por el derecho al agua potable. 

De esta manera, al unir nuestras inconformidades y al unir nuestros deseos de defender y cuidar los territorios, las comunidades exigimos: 

1. Es necesario el respeto a la vida, honra y libertad de quienes ejerciendo el legítimo derecho a la protesta en contra de estas imposiciones del gobierno y el negocio del petróleo para unos pocos, han sido detenidos o puedan serlo. En este sentido, pedimos al gobierno nacional expedir un decreto de Respeto a los dirigentes campesinos y populares de Casanare comprometidos en la movilización, y es necesario igualmente el respeto y cumplimiento de los acuerdos logrados en mesas anteriores de negociación con indígenas y otras comunidades del departamento. 

Recordamos y rechazamos el más reciente caso en la ciudad de Yopal el día 23 de Noviembre, cuando fueron detenidos algunos participantes de una movilización sobre estos mismos temas. 

2. Suspensión de los contratos y proyectos de exploración sísmica. 

3. No queremos la explotación de nuevos campos petroleros, ya que con los actuales se puede garantizar la satisfacción de la demanda energética de la nación.

4. Donde ya están andando los proyectos de explotación petrolera, exigimos:

• Respeto total a las decisiones de las comunidades como soberanas sobre sus territorios, por encima de las multinacionales del petróleo y como productoras históricas del alimento de la nación. 

• Respeto y promoción de los ecosistemas estratégicos, cuencas hídricas, páramos, reservas naturales y forestales, fauna, flora y especies en vía de extinción como bienes inalienables de las comunidades. 

• Dar prioridad al cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales de las comunidades donde tienen presencia los proyectos. Lo que implica la prestación de calidad y al total de la población de los servicios básicos como: agua potable, educación, salud, vivienda digna, gas gratuito, luz y transporte. 

• Dar prioridad a los trabajadores de las zonas donde se desarrollan los proyectos. 

Como movimiento social del Casanare, nos comprometemos a desarrollar procesos de capacitación alrededor de la industria del petróleo, donde las comunidades y en general conozcamos cómo es el negocio, quiénes participan, a dónde se van los recursos. Que permitan además la reconstrucción del tejido social que ha venido perdiéndose con el avance de estos proyectos. 

Pensamos que este comunicado a la opinión pública, con un mínimo de exigencias al gobierno nacional debe seguir siendo enriquecido por todas la comunidades que estamos siendo afectadas por las políticas minero energéticas, que permiten la presencia de multinacionales que arrasan nuestros territorios, y la militarización de nuestros campos y ciudades al cuidado de estos sus proyectos. 

Agradecemos a todas las comunidades comprometidas con la defensa y cuidado de la vida, e instamos a todos los habitantes y movimientos sociales del departamento y la nación a que nos organicemos y movilicemos en esta lucha por una política petrolera justa, soberana y respetuosa del medio ambiente. 

Firman, 

Comunidades y Organizaciones Sociales de Casanare

Trinidad; Nunchía, Morcote; Yopal, El Morro, La Niata, Guayaquito; Aguazul, Plan Brisas, Paraíso

Lirios y Monterralo y San Luis de Palenque. 

Corporación Social Para la Asesoría y Capacitación Comunitaria - COSPACC

Asociación Nacional de Jóvenes y Estudiantes de Colombia- ANJECO- Seccional Boyacá Casanare 

Asociación Casanareña de Jóvenes y Estudiantes - AJOCARE 

Movimiento Juvenil y Popular QUINUA

Colectivos Praxis Insumisa 

Asociación Nacional Campesina "José Antonio Galán Zorro"- ASONALCA Seccional Boyacá Casanare

Observatorio de Derechos Humanos y Violencia Política de Boyacá y Casanare

Corporación Claretiana Norman Pérez Bello “Al servicio de la vida”

Organización Regional Indígena de Casanare ORIC

domingo, 3 de noviembre de 2013

PETRÓLEO EN LA CORDILLERA: BOYACÁ Y LA OMEGA ENERGY


Por Asonalca Boyacá-Casanare



Los problemas que conllevan la exploración y explotación petrolera no son exclusivos de las áreas de piedemonte, valles entre cordilleras u otras zonas apartadas del país. Actualmente, en la Cordillera Oriental -muy cerca de la capital del país en tierras boyacenses, las inversiones de las empresas del sector de hidrocarburos han aumentado. Una de las empresas interesadas en este llamado “boom” petrolero en Boyacá es la Omega Energy, de capital privado con registro en Panamá, quien pretende ampliar la zona de explotación de cerca de 3.150 hectáreas a 10.000 del llamado bloque Buenavista, que abarca municipios de las provincias de Sugamuxi y Tundama.

El bloque Buenavista con la ampliación tendría una extensión de 10.000 hectáreas en jurisdicción de los municipios de: Floresta, Gámeza, Mongua, Corrales, Monguí, Nobsa, Sogamoso, Tópaga y Busbanzá, en los que se pretenden instalar apróximadamente 40 plataformas petroleras con 200 pozos en total.

Según la empresa, cada plataforma ocupará un área entre 1 y 6 hectáreas para un total de 240 hectáreas. Además del uso de los terrenos, la empresa Omega Energy pretende obtener permisos de: aprovechamiento
forestal (12.389m3); captación de aguas superficiales del río Chicamocha o quebradas afluentes (4.1 lt x seg.); captación de aguas subterráneas (1lt x Seg.) y de vertimientos (3lt x Seg.)

El caso más preocupante en materia de intervención y contaminación del territorio es el del municipio de Nobsa, limítrofe con Sogamoso, -este pequeño municipio posee producción en caleras, cementeras (propiedad de las transnacionales Holcim y Argos), trituradoras de roca y la siderúrgica Acerías Paz del Río, de propiedad de la multinacional brasilera Votorantim.  Al inmenso daño ambiental generado por las industrias mencionadas pretenden aumentarle el producido por las teas o mechones petroleros y el vertimiento de residuos al río Chicamocha, pues según las proyecciones de la empresa 11.54% del total del territorio jurisdicción del municipio estaría en la zona de intervención directa del proyecto, agravando la situación en materia ambiental.

Entre los daños que se presentan por el desarrollo de la actividad petrolera en Boyacá encontramos: cambios culturales, aumento del costo de vida y del desempleo, despojo territorial, cambio en los usos de suelo, desplazamiento; modificaciones de hábitat; problemas en la salud humana; afectaciones a la calidad del agua y de aire; profundización de aguas; afectaciones a las propiedades químicas, físicas y microbiológicas del aire, suelo y aguas; la contaminación química (por el uso de metales pesados tales como Cadmio, plomo, mercurio, cobre, arsénico y cromo, entre otros elementos tóxicos tanto para las especies de flora y fauna, como para el ser humano) y la eneración de gases de efecto invernadero.

En los desechos propios de la actividad petrolera se encuentran los ripios de perforación, los lodos de perforación, las aguas de formación y lluvias ácidas contaminadas por la quema de gas. Adicionalmente, las
fuentes de agua y la diversidad de organismos acuáticos que albergan, están expuestas a derrames accidentales de crudo.

Con respecto al suelo, la industria petrolera genera alteraciones en los ciclos de nutrientes compactación, daño o destrucción de la rizósfera y suelo superficial, remoción de la cobertura vegetal, erosión y contaminación con sales, sulfatos e hidrocarburos, lo que a su vez destruye la fauna edáfica que allí habita, fundamental para regular los procesos biogeoquímicos que se llevan a cabo en estos ecosistemas. Dichas modificaciones en el suelo también se ven reflejadas en los sistemas de producción agrícola.

La Omega Energy no se compromete a evitar los daños que seguramente va a generar. En palabras de su vocero Juan Carlos Mora Uscátegui, “la compañía trata de mitigar esos impactos para que sean lo menor posibles”. Esto significaría que se deja a la “buena voluntad” de la empresa los desastres económicos, sociales y ambientales que produce su actividad; además, en los estudios presentados por la empresa de los posibles impactos de la actividad petrolera sobresalen la falta de rigurosidad de los estudios demográficos, de usos de suelo y de actividades económicas de la región; tampoco hay una cifra estimativa del número de personas que tendrían que ser reubicadas... ¿acaso la empresa piensa el territorio sin personas?

Actualmente, en las 3.150 hectáreas ya concesionadas en los municipios de Corrales y Tópaga, Omega Energy perforó 15 pozos de los cuales 2 están produciendo aproximadamente 1.300 barriles de petróleo diarios (con proyección de cuadruplicarlos en el corto plazo). De esta riqueza que sale del territorio de los boyacenses quedan: las mínimas regalías que son centralizadas por el gobierno nacional; 6 millones de pies cúbicos de gas natural que son quemados a diario en las teas; una plataforma de explotación ubicada en el municipio de corrales a menos de 100 metros de una fuente hídrica; la irrisoria cifra de 96 empleos directos; pérdida de cultivos por contaminación; poca o nula contratación en la zona; bajos salarios; quiebra en pequeños restaurantes; aumento en los casos de cáncer entre los pobladores de la región, carreteras destruidas y por lo menos dos emergencias por fugas de gas.

Aparte de la explotación que realiza en el centro oriente del departamento de Boyacá, Omega Energy extrae hidrocarburos en la región del Valle de Tenza en límites de losdepartamentos de Boyacá, Cundinamarca y Meta, región en la que también se han sentido las protestas contra la petrolera, la más reciente en el mes de abril de este año, cuando las comunidades planteaban sus exigencias en aspectos como inversión social, derechos laborales, bienes, servicios y mejoramiento de vías, llegando incluso al bloqueo de la maquinaria.

Omega es la empresa que en estos momentos tiene las miradas encima, pero no es la única. En los alrededores del lago de Tota, la empresa Maurel & Prom pretende explotar petróleo en los municipios de Tota, Aquitania, Iza, Cuitiva, Pesca Firavitoba y Sogamoso, en Tasco Hunza Coal y en Socotá la Clean Power buscan desesperadamente licencias, mientras en Pajarito y Labranzagrande es Ecopetrol la que inicia
trabajos.

Para confrontar esta problemática del saqueo de los recursos minero-energéticos y humanos de nuestra región, las comunidades afectadas están llevando a cabo procesos y actividades de socialización, concientización y movilización contra la entrada de estos nuevos ladrones de nuestras riquezas naturales.

Desde el Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente de Colombia apostamos por la consolidación de organizaciones populares por la defensa de nuestro territorio, la construcción de planes para la vida digna y el manejo autónomo y soberano de los recursos naturales para el beneficio de las comunidades en contra de la acumulación incesante de dinero.

Trochando Sin Fronteras.