Comunidades de Casanare frente a la industria petrolera

Yopal - Casanare, 30 de Noviembre de 2013

Desde el año 2011 algunas comunidades campesinas, indígenas, urbanas y organizaciones sociales,  nos hemos venido encontrando alrededor del tema de la defensa y cuidado de los territorios en el departamento. En estos espacios, hemos visto con preocupación los más de 70 contratos de exploración y explotación petrolera que sobre el departamento sigue negociando la Agencia Nacional de Hidrocarburos, cada uno con un promedio de 60.000 hectáreas asignadas. Equión, Ecopetrol y Petrobras en la zona del Piedemonte, y Pacific Rubiales hacia el oriente del departamento proyectan seguir lucrándose del negocio del petróleo con la progresiva compra de estos contratos de concesión. 

Ante esto, el gobierno nacional y sus instituciones ni siquiera se han tomado la molestia de respetar los procesos de consulta y discusión propios de las comunidades, sino que han venido imponiendo a la fuerza en la mayoría de los municipios el avance de estos proyectos. 

En respuesta a estas políticas minero-energéticas promovidas por el Gobierno, las comunidades venimos organizándonos y movilizándonos. Así, en Trinidad se levantó la comunidad en contra del oleoducto bicentenario y la exploración sísmica; en las veredas de Nunchía en el 2011 se movilizo la población cuestionando las condiciones laborales que ofrecían las compañías; en Tauramena, se viene promoviendo la exigencia de realizar una consulta popular a la exploración sísmica; en las comunidades de Chámeza, Recetor y Aguazul se están pronunciando directamente en contra de la exploración sísmica; en El Morro cada año se levantan las protestas por el mismo tema y en Yopal seguimos protestando por el derecho al agua potable. 

De esta manera, al unir nuestras inconformidades y al unir nuestros deseos de defender y cuidar los territorios, las comunidades exigimos: 

1. Es necesario el respeto a la vida, honra y libertad de quienes ejerciendo el legítimo derecho a la protesta en contra de estas imposiciones del gobierno y el negocio del petróleo para unos pocos, han sido detenidos o puedan serlo. En este sentido, pedimos al gobierno nacional expedir un decreto de Respeto a los dirigentes campesinos y populares de Casanare comprometidos en la movilización, y es necesario igualmente el respeto y cumplimiento de los acuerdos logrados en mesas anteriores de negociación con indígenas y otras comunidades del departamento. 

Recordamos y rechazamos el más reciente caso en la ciudad de Yopal el día 23 de Noviembre, cuando fueron detenidos algunos participantes de una movilización sobre estos mismos temas. 

2. Suspensión de los contratos y proyectos de exploración sísmica. 

3. No queremos la explotación de nuevos campos petroleros, ya que con los actuales se puede garantizar la satisfacción de la demanda energética de la nación.

4. Donde ya están andando los proyectos de explotación petrolera, exigimos:

• Respeto total a las decisiones de las comunidades como soberanas sobre sus territorios, por encima de las multinacionales del petróleo y como productoras históricas del alimento de la nación. 

• Respeto y promoción de los ecosistemas estratégicos, cuencas hídricas, páramos, reservas naturales y forestales, fauna, flora y especies en vía de extinción como bienes inalienables de las comunidades. 

• Dar prioridad al cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales de las comunidades donde tienen presencia los proyectos. Lo que implica la prestación de calidad y al total de la población de los servicios básicos como: agua potable, educación, salud, vivienda digna, gas gratuito, luz y transporte. 

• Dar prioridad a los trabajadores de las zonas donde se desarrollan los proyectos. 

Como movimiento social del Casanare, nos comprometemos a desarrollar procesos de capacitación alrededor de la industria del petróleo, donde las comunidades y en general conozcamos cómo es el negocio, quiénes participan, a dónde se van los recursos. Que permitan además la reconstrucción del tejido social que ha venido perdiéndose con el avance de estos proyectos. 

Pensamos que este comunicado a la opinión pública, con un mínimo de exigencias al gobierno nacional debe seguir siendo enriquecido por todas la comunidades que estamos siendo afectadas por las políticas minero energéticas, que permiten la presencia de multinacionales que arrasan nuestros territorios, y la militarización de nuestros campos y ciudades al cuidado de estos sus proyectos. 

Agradecemos a todas las comunidades comprometidas con la defensa y cuidado de la vida, e instamos a todos los habitantes y movimientos sociales del departamento y la nación a que nos organicemos y movilicemos en esta lucha por una política petrolera justa, soberana y respetuosa del medio ambiente. 

Firman, 

Comunidades y Organizaciones Sociales de Casanare

Trinidad; Nunchía, Morcote; Yopal, El Morro, La Niata, Guayaquito; Aguazul, Plan Brisas, Paraíso

Lirios y Monterralo y San Luis de Palenque. 

Corporación Social Para la Asesoría y Capacitación Comunitaria - COSPACC

Asociación Nacional de Jóvenes y Estudiantes de Colombia- ANJECO- Seccional Boyacá Casanare 

Asociación Casanareña de Jóvenes y Estudiantes - AJOCARE 

Movimiento Juvenil y Popular QUINUA

Colectivos Praxis Insumisa 

Asociación Nacional Campesina "José Antonio Galán Zorro"- ASONALCA Seccional Boyacá Casanare

Observatorio de Derechos Humanos y Violencia Política de Boyacá y Casanare

Corporación Claretiana Norman Pérez Bello “Al servicio de la vida”

Organización Regional Indígena de Casanare ORIC

PETRÓLEO EN LA CORDILLERA: BOYACÁ Y LA OMEGA ENERGY

Por Asonalca Boyacá-Casanare

Los problemas que conllevan la exploración y explotación petrolera no son exclusivos de las áreas de piedemonte, valles entre cordilleras u otras zonas apartadas del país. Actualmente, en la Cordillera Oriental -muy cerca de la capital del país en tierras boyacenses, las inversiones de las empresas del sector de hidrocarburos han aumentado. Una de las empresas interesadas en este llamado “boom” petrolero en Boyacá es la Omega Energy, de capital privado con registro en Panamá, quien pretende ampliar la zona de explotación de cerca de 3.150 hectáreas a 10.000 del llamado bloque Buenavista, que abarca municipios de las provincias de Sugamuxi y Tundama.

El bloque Buenavista con la ampliación tendría una extensión de 10.000 hectáreas en jurisdicción de los municipios de: Floresta, Gámeza, Mongua, Corrales, Monguí, Nobsa, Sogamoso, Tópaga y Busbanzá, en los que se pretenden instalar apróximadamente 40 plataformas petroleras con 200 pozos en total.

Según la empresa, cada plataforma ocupará un área entre 1 y 6 hectáreas para un total de 240 hectáreas. Además del uso de los terrenos, la empresa Omega Energy pretende obtener permisos de: aprovechamiento

forestal (12.389m3); captación de aguas superficiales del río Chicamocha o quebradas afluentes (4.1 lt x seg.); captación de aguas subterráneas (1lt x Seg.) y de vertimientos (3lt x Seg.)

El caso más preocupante en materia de intervención y contaminación del territorio es el del municipio de Nobsa, limítrofe con Sogamoso, -este pequeño municipio posee producción en caleras, cementeras (propiedad de las transnacionales Holcim y Argos), trituradoras de roca y la siderúrgica Acerías Paz del Río, de propiedad de la multinacional brasilera Votorantim.  Al inmenso daño ambiental generado por las industrias mencionadas pretenden aumentarle el producido por las teas o mechones petroleros y el vertimiento de residuos al río Chicamocha, pues según las proyecciones de la empresa 11.54% del total del territorio jurisdicción del municipio estaría en la zona de intervención directa del proyecto, agravando la situación en materia ambiental.

Entre los daños que se presentan por el desarrollo de la actividad petrolera en Boyacá encontramos: cambios culturales, aumento del costo de vida y del desempleo, despojo territorial, cambio en los usos de suelo, desplazamiento; modificaciones de hábitat; problemas en la salud humana; afectaciones a la calidad del agua y de aire; profundización de aguas; afectaciones a las propiedades químicas, físicas y microbiológicas del aire, suelo y aguas; la contaminación química (por el uso de metales pesados tales como Cadmio, plomo, mercurio, cobre, arsénico y cromo, entre otros elementos tóxicos tanto para las especies de flora y fauna, como para el ser humano) y la eneración de gases de efecto invernadero.

En los desechos propios de la actividad petrolera se encuentran los ripios de perforación, los lodos de perforación, las aguas de formación y lluvias ácidas contaminadas por la quema de gas. Adicionalmente, las

fuentes de agua y la diversidad de organismos acuáticos que albergan, están expuestas a derrames accidentales de crudo.

Con respecto al suelo, la industria petrolera genera alteraciones en los ciclos de nutrientes compactación, daño o destrucción de la rizósfera y suelo superficial, remoción de la cobertura vegetal, erosión y contaminación con sales, sulfatos e hidrocarburos, lo que a su vez destruye la fauna edáfica que allí habita, fundamental para regular los procesos biogeoquímicos que se llevan a cabo en estos ecosistemas. Dichas modificaciones en el suelo también se ven reflejadas en los sistemas de producción agrícola.

La Omega Energy no se compromete a evitar los daños que seguramente va a generar. En palabras de su vocero Juan Carlos Mora Uscátegui, “la compañía trata de mitigar esos impactos para que sean lo menor posibles”. Esto significaría que se deja a la “buena voluntad” de la empresa los desastres económicos, sociales y ambientales que produce su actividad; además, en los estudios presentados por la empresa de los posibles impactos de la actividad petrolera sobresalen la falta de rigurosidad de los estudios demográficos, de usos de suelo y de actividades económicas de la región; tampoco hay una cifra estimativa del número de personas que tendrían que ser reubicadas... ¿acaso la empresa piensa el territorio sin personas?

Actualmente, en las 3.150 hectáreas ya concesionadas en los municipios de Corrales y Tópaga, Omega Energy perforó 15 pozos de los cuales 2 están produciendo aproximadamente 1.300 barriles de petróleo diarios (con proyección de cuadruplicarlos en el corto plazo). De esta riqueza que sale del territorio de los boyacenses quedan: las mínimas regalías que son centralizadas por el gobierno nacional; 6 millones de pies cúbicos de gas natural que son quemados a diario en las teas; una plataforma de explotación ubicada en el municipio de corrales a menos de 100 metros de una fuente hídrica; la irrisoria cifra de 96 empleos directos; pérdida de cultivos por contaminación; poca o nula contratación en la zona; bajos salarios; quiebra en pequeños restaurantes; aumento en los casos de cáncer entre los pobladores de la región, carreteras destruidas y por lo menos dos emergencias por fugas de gas.

Aparte de la explotación que realiza en el centro oriente del departamento de Boyacá, Omega Energy extrae hidrocarburos en la región del Valle de Tenza en límites de losdepartamentos de Boyacá, Cundinamarca y Meta, región en la que también se han sentido las protestas contra la petrolera, la más reciente en el mes de abril de este año, cuando las comunidades planteaban sus exigencias en aspectos como inversión social, derechos laborales, bienes, servicios y mejoramiento de vías, llegando incluso al bloqueo de la maquinaria.

Omega es la empresa que en estos momentos tiene las miradas encima, pero no es la única. En los alrededores del lago de Tota, la empresa Maurel & Prom pretende explotar petróleo en los municipios de Tota, Aquitania, Iza, Cuitiva, Pesca Firavitoba y Sogamoso, en Tasco Hunza Coal y en Socotá la Clean Power buscan desesperadamente licencias, mientras en Pajarito y Labranzagrande es Ecopetrol la que inicia

trabajos.

Para confrontar esta problemática del saqueo de los recursos minero-energéticos y humanos de nuestra región, las comunidades afectadas están llevando a cabo procesos y actividades de socialización, concientización y movilización contra la entrada de estos nuevos ladrones de nuestras riquezas naturales.

Desde el Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente de Colombia apostamos por la consolidación de organizaciones populares por la defensa de nuestro territorio, la construcción de planes para la vida digna y el manejo autónomo y soberano de los recursos naturales para el beneficio de las comunidades en contra de la acumulación incesante de dinero.

Trochando Sin Fronteras.

Foros Departamentales Minero Energéticos: Boyacá y Casanare.

-Por una ley orgánica petrolera justa y soberana.

- Por la Alianza por el 50% de descuento en el precio de los combustibles.

- Por el respeto a los territorios indígenas; por la soberanía, seguridad y autonomía alimentarias.

- Por la defensa y el respeto a los ecosistemas estratégicos.

- Por la nacionalización y racionalización de la explotación minero-energética de acuerdo a las necesidades populares.